Las personas con discapacidad en Andalucía se beneficiarán de nuevas ventajas fiscales en la declaración de la renta y en los tributos autonómicos para adquisición de vivienda. Así se recoge en el II Plan de Acción Integral aprobado por el Consejo de Gobierno para el periodo 2011-2013, con una dotación inicial de 2.139 millones de euros. Sus medidas beneficiarán a 715.000 personas, un colectivo que supone el 9,5% de la población andaluza y que está integrado por mujeres en un 61%.
El Plan, elaborado con la participación de las organizaciones de discapacidad y los agentes sociales y económicos, prevé el desarrollo de 448 medidas bajo los principios de accesibilidad universal, no discriminación y acción positiva. La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha subrayado que se trata de una iniciativa en la que están implicados todos los departamentos del Ejecutivo autonómico, que impulsarán las medidas correspondientes y contarán con dotación presupuestaria para ello, y ha matizado que pone de relieve la apuesta por la "igualdad de oportunidades".
En este sentido, ha recordado que la puesta en marcha del II Plan permitirá evaluar el impacto y repercusión de las actuaciones que se vienen desarrollando en Andalucía para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, y ha apuntado el "balance positivo" del I Plan, cuya inversión triplicó la prevista inicialmente.
La nueva estrategia responde también a un concepto de discapacidad que no se limita a un trastorno, problema o déficit del individuo, sino que abarca también el entorno y las barreras que puedan impedir su participación plena en los ámbitos laboral, educativo, sanitario y sociocultural. En este sentido, se presta especial atención a indicadores como la tasa de actividad (actualmente del 30%; 27 puntos por debajo de la general) o la proporción de personas de más de 65 años (el 54%) y con problemas de movilidad (el 70%), visión (28%) y audición (24%). "La atención a la discapacidad no puede ser homogénea", ha precisado la consejera, que ha defendido la necesidad de ofrecer un abordaje individualizado a este colectivo para garantizar su "derecho a tener derechos".
De acuerdo con la finalidad de ampliar las medidas hacia el entorno del colectivo, el II Plan de Acción incluye entre sus novedades más relevantes la extensión de la deducción de 100 euros en la cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los cónyuges o parejas de hecho de personas con grado de discapacidad igual o superior al 65%, que hasta ahora se excluían de esta cuantía deducible.
Otro beneficio fiscal es el que se aplicará en el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, competencia de la Junta, para la adquisición de vivienda habitual y constitución del préstamo hipotecario por parte de personas con grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. En este caso, el tipo impositivo se reduce del actual 0,3% al 0,1%. Además, se incrementa de 130.000 a 180.000 el límite del valor real del inmueble establecido para acceder a esta ventaja fiscal.
El Plan aprobado por el Consejo de Gobierno mantiene las ayudas que la Junta viene concediendo en el marco del Plan Concertado de Vivienda y Suelo para adecuación funcional, rehabilitación y mejora de las condiciones de accesibilidad de inmuebles, con una previsión de más de 17.000 en los próximos tres años. La consejera para la Igualdad ha declarado que el concepto de "accesibilidad universal" que prima en el nuevo plan integral no sólo pasa por la eliminación de las barreras físicas, sino también de las mentales que impiden conocer las capacidades de muchas personas.
Estas ayudas cubren hasta el 70% del coste de las obras, con un presupuesto máximo de 2.000 euros, y de ellas se benefician personas con un grado de discapacidad igual o superior al 40% o valoradas como dependientes en grado II o III y con ingresos familiares inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).
Salud y educación
En materia de salud y prevención, se garantizará una cobertura de calidad de atención temprana a menores de seis años para llegar en los próximos tres años al 70% de esta población (actualmente, el 60%).
La Junta completará también la oferta de tratamiento de fisioterapia a domicilio para las personas que no puedan trasladarse a un centro sanitario. Además, al menos un hospital por provincia dispondrá de consultas ginecológicas adaptadas a las mujeres con discapacidad, un programa que ya se ha implantado en Almería y Granada.
Respecto al ámbito educativo, Navarro ha indicado que se pondrá el acento en el "refuerzo de las capacidades personales" de estas personas, dada su influencia en la dimensión formativa y del empleo. Así, el II Plan de Acción incluye previsiones como la creación de nuevos perfiles profesionales para la asistencia integral a escolares con necesidades educativas especiales. La Administración autonómica también continuará ampliando la dotación de recursos humanos dirigida a facilitar la escolarización y atención del alumnado con trastornos graves de conducta, y se continuará con la apuesta para incrementar la presencia de las personas con discapacidad en el ámbito universitario. En este sentido, la consejera ha asegurado que en Andalucía tan sólo existen 3.200 personas con discapacidad que cursan estudios universitarios.
De igual modo, se incrementará la oferta de visitas guiadas en lengua de signos a los espacios culturales andaluces y la edición de folletos de lectura fácil en Braille para su uso por personas con discapacidad visual. Además, se extenderá a toda Andalucía el plan de accesibilidad de las bibliotecas que se inició este año en la provincia de Sevilla con la eliminación de barreras en 11 edificios.
Otras novedades recogidas en el Plan son la constitución de la Junta Arbitral de Igualdad de Oportunidades y Accesibilidad Universal, órgano colegiado que se encargará de facilitar la resolución extrajudicial de conflictos en estas materias para evitar su judicialización, y la creación de una carta de compromiso que podrán suscribir las empresas del sector de la información y la comunicación para garantizar los principios de no discriminación, igualdad y accesibilidad universal.
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